La sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional ha generado un terremoto político en el país, cuestionando no solo las bases de la participación democrática, sino también la estructura y funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Este fallo, que declara inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el Régimen Electoral, puede tener implicaciones profundas para el desarrollo democrático y la estabilidad institucional de la República Dominicana.
El fallo surge de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el destacado jurista y catedrático Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon, quien argumentó que los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 violaban principios constitucionales fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a elegir y ser elegido, el principio pro-participación, el principio de pluralismo político y el principio de la razonabilidad de las leyes.
El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con los argumentos expuestos de que los requisitos establecidos para las candidaturas independientes resultaban desproporcionados y que establecen barreras casi insalvables para quienes aspiran a cargos públicos fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Esto vulnera el derecho de participación política y perpetúa un sistema excluyente.
Uno de los puntos más destacados de la sentencia es su intento de garantizar un acceso más equitativo a las candidaturas independientes, que históricamente han enfrentado obstáculos casi insalvables. Al eliminar barreras legales desproporcionadas, se abre una puerta para que los ciudadanos puedan postularse sin estar atados necesariamente a una organización político partidaria tradicional.
En primera instancia esta sentencia pudiera parecer el pago de una deuda social muy vieja, pero si ampliamos el campo de visión, rápidamente se hace evidente que la sentencia también plantea desafíos significativos. El fallo ha sido percibido por muchos sectores como una extralimitación de las competencias del Tribunal Constitucional, al entrar en terrenos que son competencia exclusiva del Congreso Nacional. Esta percepción aviva el debate sobre la separación de poderes y genera incertidumbre jurídica.
Otro punto crítico es el vacío normativo dejado por la sentencia, ahora el Congreso debe apresurarse para legislar y establecer reglas claras para las candidaturas independientes, y si nuestro Congreso es deficiente a paso de tortuga, se vuelve un circo grotesco cuando se le apura el paso. Sin un marco regulatorio robusto antes del 2026, creo que las candidaturas independientes podrían terminar convirtiéndose en un vehículo para el clientelismo político y prácticas corruptas.
Además, existe el riesgo de que una proliferación descontrolada de candidaturas individuales termine fragmentando aún más el voto y complique la gobernabilidad de un país que apenas comienza a vislumbrar señales de desarrollo. Sin mecanismos claros de control y fiscalización, el frágil sistema electoral dominicano podría desmoronarse.
Los representantes de los partidos políticos tradicionales no han sabido dimensionar ni expresar en su justa medida los retos que plantea esta sentencia, han preferido esbozar motivaciones obtusas y plantear un rechazo absoluto, excepto por el Prof. Leonel Fernández, quien prometió que presentará propuestas ante la Junta Central Electoral próximamente..
El rechazo unánime de los partidos políticos dominicanos a esta sentencia no es sorprendente. Para ellos, representa una amenaza directa a su control sobre el sistema electoral. Los partidos han argumentado que la decisión del Tribunal Constitucional debilita la institucionalidad y fomenta el caos político, pero no han presentado alternativas ni propuestas que puedan conducir a un punto de equilibrio.
Detrás de este rechazo también subyace un temor al surgimiento de actores políticos no controlados por las estructuras tradicionales, lo que podría desplazar a las élites políticas actuales. Además, existe una preocupación genuina sobre la falta de mecanismos adecuados para garantizar la transparencia y el financiamiento de las candidaturas independientes; si hoy en día no hay quién pueda establecer mecanismos de control y fiscalización para organizaciones políticas, es mucho menos creíble que puedan establecerse a corto plazo en candidaturas independientes.
El rechazo también puede interpretarse como una reacción defensiva ante la posibilidad de perder privilegios históricos y cuotas de poder que los partidos han acumulado a lo largo del tiempo.
De cara a las elecciones de 2028, esta sentencia tiene el potencial de transformar radicalmente el panorama político dominicano, sin embargo, la forma más eficiente y coherente de canalizar estas preocupaciones es la presentación de propuestas robustas que ofrezcan alternativas viables.
En el escenario político actual, el Prof. Leonel Fernández vuelve a demostrar su calidad como estadista, siendo el único líder político en plantear que la vía del diálogo y el consenso, sea la que predomine en un conversación incómoda que las autoridades electorales y los partidos políticos no podrán evitar y en la tampoco podrán aplicar el método Abinader (medidas desproporcionadas – recular – evadir).
A pesar de la controversia generada y los retos que plantea la sentencia TC/0788/24, la misma representa un logro para todos los dominicanos y dominicanas, Don Ramón (Negro) Veras en un magistral artículo escrito en Acento no pudo describirlo mejor:
“La sentencia TC/0788/24 ha sido la decisión de mayor importancia política emitida por un órgano dominicano con facultad para juzgar. Es algo dotado de encanto, una exquisitez a la libertad de elegir y ser elegido.”
